Causa Cuadernos: investigan llamadas entre Bacigalupo y un exjefe de pericias

Política institucional
La causa Cuadernos sumó nuevas medidas de prueba y volvió a poner bajo análisis el origen y la posible alteración de los manuscritos atribuidos al exchofer Oscar Centeno. La Justicia ordenó pericias caligráficas, cruces telefónicos y pedidos de información para avanzar sobre los vínculos de Jorge Bacigalupo, uno de los imputados en esta línea de investigación.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso nuevas diligencias para determinar si existieron modificaciones en los cuadernos que dieron origen a una de las causas de corrupción más relevantes de los últimos años. Entre las medidas, se ordenó analizar anotaciones, documentos y material secuestrado durante la investigación.
Uno de los puntos bajo revisión son las comunicaciones entre Bacigalupo y José Antonio Daniel Portaluri, exjefe de la División Scopometría de la Policía Federal. La investigación busca establecer si hubo contactos relevantes entre ambos y si esas comunicaciones pueden aportar información sobre la presunta manipulación del material incorporado al expediente.
Bacigalupo, señalado como amigo de Centeno, fue imputado por la posible alteración de los cuadernos. Aunque actualmente tiene falta de mérito, esa resolución no lo desvincula del expediente y permite que la investigación continúe mientras se reúnen nuevos elementos.
La Justicia también pidió información vinculada al hijo de Bacigalupo y su relación laboral con Pampa Energía. Esa línea apunta a reconstruir posibles conexiones y movimientos que puedan tener relevancia dentro de la causa.
El avance de estas medidas no implica una conclusión definitiva sobre los cuadernos, sino una nueva etapa de verificación judicial. El eje ahora está puesto en las pericias, los registros telefónicos y los vínculos que puedan ayudar a determinar si el material original fue modificado y quiénes pudieron haber intervenido.
Para REDmedios, la noticia tiene valor por su peso institucional nacional. No tiene impacto territorial directo en Salta, pero forma parte de una causa que marcó la agenda judicial y política argentina, y cuyo desarrollo sigue siendo relevante para entender la relación entre Justicia, poder político y prueba documental.