Desmonte ilegal en San Martín: amplían a $21.805 millones el embargo para reparar el daño ambiental
Social / Contexto local
La Justicia amplió a $21.805 millones el embargo preventivo sobre dos catastros ubicados cerca de Dragones, en el departamento San Martín, por el desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas de bosque nativo y el incumplimiento de un plan de recomposición ambiental.
La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal y apunta a garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración. El caso se arrastra desde hace años y vuelve a poner en evidencia el costo ambiental y económico que deja la destrucción ilegal de monte en el norte salteño.
El embargo original había sido fijado en poco más de $171 millones, pero los nuevos informes técnicos y económicos llevaron a actualizar el monto de forma drástica. La intervención judicial se apoya en estudios realizados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y en el planteo de la Procuración General y de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial del Norte-Tartagal.
El punto central del expediente es que ya existía un acuerdo de restauración ambiental homologado en 2018. Sin embargo, según la evaluación judicial, ese compromiso no fue cumplido de manera efectiva, por lo que ahora se busca asegurar recursos concretos para recomponer el daño.
En San Martín, el caso tiene una dimensión mucho más amplia que una discusión legal o patrimonial. El desmonte de miles de hectáreas de bosque nativo implica pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, alteración del equilibrio hídrico y más vulnerabilidad frente a sequías, calor extremo e inundaciones.
La ampliación del embargo también deja una señal política e institucional: el daño ambiental no puede quedar reducido a una infracción formal. Cuando se destruye monte nativo a gran escala, el problema no termina en el momento del desmonte, sino que sigue durante años sobre el territorio y las comunidades.
Para el norte salteño, el caso vuelve a poner en agenda una pregunta de fondo: quién se hace cargo del costo real de arrasar el bosque y cuánto tarda el Estado en lograr que la reparación deje de ser una promesa para convertirse en una obligación concreta.