Salta analiza una ley para evitar cortes de luz por mora
Política institucional
El Senado de Salta recibió a representantes de EDESA para avanzar en el análisis de un proyecto de ley orientado a evitar cortes del servicio eléctrico por mora. La discusión apunta a regular cómo se actúa frente a usuarios con deudas, en un contexto de tarifas altas, ingresos ajustados y dificultades crecientes para sostener pagos básicos.
El eje del debate no es menor: la electricidad es un servicio esencial para la vida diaria, pero también forma parte de un sistema que necesita financiamiento, cobro y reglas claras para funcionar. Por eso, el proyecto deberá encontrar un equilibrio entre proteger a usuarios vulnerables y sostener la prestación del servicio.
La discusión involucra a legisladores, empresa distribuidora, organismos de control y usuarios. Entre los puntos que deberían quedar claros aparecen las notificaciones previas, los planes de pago, los criterios de vulnerabilidad y los mecanismos de regularización antes de llegar a una interrupción del suministro.
Para muchas familias, una deuda de luz puede acumularse rápidamente cuando los ingresos no alcanzan para cubrir alimentos, transporte, alquileres, medicamentos y otros servicios. En esos casos, el corte puede agravar una situación económica ya delicada.
El tema también impacta en pequeños comercios y trabajadores independientes, que dependen de la electricidad para sostener su actividad. Una interrupción del servicio puede afectar ventas, conservación de mercadería, atención al público y funcionamiento básico.
En el norte salteño, la discusión tiene una lectura particular. En departamentos como San Martín y Orán, donde las altas temperaturas hacen que la energía eléctrica sea clave para ventilación, refrigeración, conservación de alimentos y salud, un corte por mora puede tener consecuencias más severas que en otras zonas.
La iniciativa todavía deberá avanzar en el debate legislativo. El desafío será que la norma no se interprete como una habilitación a no pagar, sino como una herramienta para evitar que la falta de pago derive automáticamente en cortes sin alternativas previas de regularización.